Colección «Tal Cual»

Empresarios zombies

La mayor elusión tributaria de la elite chilena

Investigación

Entre los años noventa y dos mil, la época de oro de nuestra economía, varias de las más grandes empresas chilenas declararon ante la autoridad enormes pérdidas tributarias. Pero no decían la verdad.
Sus números en rojo eran el resultado de una estrategia que consistía en comprar empresas zombis, esto es, firmas quebradas que no tenían ni empleados, ni cartera de clientes, ni know how. Empresas que solo servían para hacer desaparecer utilidades y no pagar impuestos.
Entre los usuarios de zombis están: Sebastián Piñera; sus socios históricos, los Cueto; el clan Luksic; los dueños de Penta (Délano y Lavín); y Julio Ponce Lerou, entre muchos otros. Este libro muestra que los impuestos no pagados gracias a esa estrategia fueron vitales para que varios de ellos se transformaran en los súper ricos que son hoy.
El ataque zombi fue parcialmente detenido durante una batalla legal que duró dos décadas. Pero varios de los empresarios grandes, como Piñera y Luksic, lograron pagar menos impuestos. Su éxito contribuyó a validar lo que estaba detrás de la estrategia zombi: la elusión. Esto es, la idea de que es aceptable diseñar planificaciones tributarias que cumplan con la letra de la ley –para evitar sanciones– pero vulneren su espíritu: estrategias astutas que permitan conseguir beneficios que nunca estuvieron contemplados por el legislador.
En muchos aspectos, el ataque zombi está en la hora cero de la masificación de la elusión tributaria, un problema que sigue vigente hasta hoy.
Esta investigación de los periodistas Juan Andrés Guzmán (Ciper) y Jorge Rojas (The Clinic) ofrece un relato minucioso de una operación que permaneció en las sombras por más de una década y que le pudo haber costado al fisco chileno más de un billón de pesos. También llama la atención sobre un actor político no examinado debidamente: los abogados tributaristas, quienes diseñan estas y otras estrategias de elusión y que por ello son estudiados, en el mundo académico, como parte de “la industria de la defensa de la riqueza”.

Juan Andrés Guzmán

Periodista de la Universidad Andrés Bello. Magíster en Investigación de Políticas Públicas en la Universidad de Bristol. Ha trabajado en los diarios La Nación y La Tercera, y en las revistas Apsi, Siete+7 y Paula. Entre 2006 y 2009 dirigió e Clinic. En 2010 y 2012 fue ganador del Premio Periodismo de Excelencia UAH. Actualmente es reportero de Ciper. Es coautor de los libros La extraña muerte de un soldado en tiempos de paz (1998), La guerra y la paz ciudadana (2000), Los secretos del imperio de Karadima (2012) y La gran estafa: cómo opera el lucro en la educación superior (2014).

Jorge Rojas

Periodista de la Universidad Finis Terrae. Trabajó en Radio Concierto y Radio Futuro. En 2007 ganó el premio “Pobre el que no cambia de mirada” en la categoría de prensa escrita y en 2013 obtuvo el Premio Periodismo de Excelencia de la UAH. Actualmente es reportero de The Clinic.

Zombis para los más vivos

En los noventa, la década de oro de la economía chilena, importantes empresas encontraron un mecanismo para no tributar. Se trató de una ofensiva inédita, masiva, que se prolongó hasta 2014 y de la que poco se supo entonces. Si estas empresas hubieran tenido éxito en su cometido, habrían privado al fisco de más de un billón de pesos en impuestos. La estrategia de elusión fue diseñada por astutos tributaristas y era “perfectamente legal”; esto quiere decir que, aunque era socialmente dañina y políticamente indefendible, la ley no les podía caer encima. Al menos así lo estimó la autoridad durante casi una década.

En los años noventa, 73 grandes empresas chilenas declararon haber sufrido pérdidas tributarias descomunales (2) . Entre ellas había varias de las más prestigiosas y prósperas de ese momento.

Por ejemplo, Inversiones Bancard Ltda., del expresidente Sebastián Piñera y sus hijos, declaró $44.000 millones de pérdida; San Patricio S.A., por entonces de María Luisa Solari Falabella3 y su hija Cecilia Karlezi, informó cifras negativas por $940.000 millones; Empresas Penta S.A., de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, anunció mermas por $54.000 millones; Hidrosur S.A., de Andrónico Luksic Craig, declaró una pérdida tributaria de $74.000 millones.

Números en rojo de ese tamaño, en sociedades importantes —y de sectores tan diversos—, solo se pueden ver durante graves crisis económicas.

Pero no había crisis. Había bonanza. Los noventa fueron una década de crecimiento económico inédito en la historia de Chile. Tan inédito que el periodo recibió el nombre de “época de oro”, con una expansión del Producto Interno Bruto que algunos años llegó a superar el 10% anual (4) . Los dueños de las 73 grandes empresas de las que habla este libro eran parte de esa prosperidad. El Grupo Luksic, por ejemplo, acumuló tantos recursos en esa década que pudo tomar el control del Banco de Chile. Y Piñera, solo en la mencionada empresa, Inversiones Bancard Ltda., acumuló utilidades por $39.000 millones.

Por supuesto, cuando se crece a ese ritmo, surge el “problema” de que se deben pagar muchos tributos. Incluso en Chile, que en esos años tenía la tasa más baja de la OECD y de Latinoamérica (5) .

El extraño fenómeno de empresas muy prósperas que a la vez registraban grandes pérdidas tributarias se debía, justamente, a que sus dueños habían descubierto una forma de reducir las obligaciones tributarias que tenían con su país.

La estrategia consistía en usar zombis.

Buena parte de la elite empresarial chilena pasó toda una década en eso. Compraban empresas quebradas, en cuyos balances había grandes deudas, y las volvían a la vida con complejas operaciones legales y contables. Luego, dejaban que las zombis absorbieran sus empresas más prósperas. ¡Voilá! Grandes montos de utilidades desaparecían de la vista del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Encontraron sociedades útiles para su objetivo en esa gran tragedia nacional que fue la crisis de los ochenta, cuando el PIB cayó en un 15% y el 40% de la fuerza laboral quedó sin empleo o malviviendo en programas de subempleo; cuando la banca colapsó por haber prestado en forma irresponsable y la economía se transformó en un cementerio de empresas quebradas o sometidas a convenios judiciales preventivos.

Gran parte de las firmas que fueron revividas habían pertenecido a los grupos líderes de los ochenta: al de Cruzat-Larraín (encabezado por Manuel Cruzat Infante y Fernando Larraín Peña) o al Grupo BHC (de Javier Vial Castillo y Rolf Lüders) (6) . La quiebra de Cruzat dejó 200 empresas en el suelo, muchas de ellas cargando grandes deudas. La de Vial dejó cerca de 150, aunque solo una veintena se pudo revivir.

Piñera, Délano y Lavín, Luksic y todos los que aparecen en este libro pagaron en los noventa entre $500 y $900 millones por cada zombi (entre $1.155 millones y $2.000 millones de 2017) (7) , también llamados “cascarones”, pues no eran nada más que la carcasa de una empresa. Normalmente el precio de venta correspondía a uno o dos por ciento del monto de utilidades que el empresario podía hacer desaparecer con ellos.

Así fue como un ejército de zombis regresó desde la peor época económica de nuestra historia para absorber las utilidades de nuestros tiempos de oro. Su número es indeterminado, pero esta investigación identificó más de medio centenar de zombis absorbiendo las utilidades de igual número de grandes empresas chilenas. Según un recuento hecho por el SII (8) , que consideró sólo 47 grandes firmas, si las zombis hubieran tenido éxito el Estado chileno habría dejado de recibir más de un billón de pesos ($1.036.070.209.607) en impuestos (9) .

Aunque en 2001 con la Ley N.º 19.738, “Normas para combatir la evasión tributaria”, el gobierno de Ricardo Lagos intentó restringir el uso de las zombis (10), recién en 2004 el Servicio de Impuestos Internos, bajo la dirección de Juan Toro Rivera, logró organizar una ofensiva efectiva. Con altos y bajos el SII pasó buena parte de la siguiente década combatiéndolos.

Un hito de esta lucha fue la querella contra Vital S.A., filial de Embotelladora Andina, empresa controlada por José Said Saffie (11) y cuyo directorio era presidido por Juan Claro, presidente de los empresarios reunidos en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). En la causa que se extendió entre 2005 y 2007 el SII buscó no solo recuperar los impuestos perdidos, sino también que sus más importantes ejecutivos pagaran con cárcel, lo que finalmente no ocurrió.

Otro hito ocurrió en 2012, cuando Marcelo Calderón Crispín, dueño del retail Johnson’s, aceptó pagar los impuestos que había eludido gracias a su zombi, a condición de que se le condonaran las multas e intereses acumulados en más de 10 años de litigio judicial. El SII, comandado por Julio Pereira, aceptó y se borraron $59.000 millones, que correspondía al 99% de lo que la empresa debía por multas e intereses. La filtración de esta decisión a la prensa generó un escándalo que se conoció como “el perdonazo a Johnson’s”. Pereira salió del SII junto con Mario Vila, quien a fines de los noventa, como abogado de la auditora PWC, había ayudado a dar vida a ese mismo zombi que ahora terminaba con su carrera y ensuciaba la reputación del SII. El entonces presidente Sebastián Piñera presenció el escándalo sin hacer un solo comentario respecto a que él, como se muestra en este libro, había sido un asiduo usuario de zombis, ahorrándose, gracias a la prescripción legal que lo favoreció, no solo el pago de multas e intereses, sino además el pago de impuestos.

Este libro revisa las dos décadas en que se extendió el fenómeno zombi, que es inédito no solo por los montos o por su impacto temporal, sino también porque participó buena parte de la elite empresarial chilena.

Entre los empresarios que se beneficiaron con zombis figuran, además de los ya citados, Andrés Navarro (Sonda), la familia Cortés Solari (Falabella), la familia Cueto (Latam), Julio Ponce Lerou (Soquimich), José Said (Andina), Leonidas Vial (corredora Larraín Vial), Alberto Calderón Crispín (multitienda Ripley) y su hermano Marcelo (ex controlador de la multitienda Johnson’s), entre otros.

(2) Es posible que las empresas que reportaron enormes pérdidas en los noventa hayan sido más. El número 73 proviene de comunicados del Servicio de Impuestos Internos emitido en 2007 en los que ese organismo dio cuenta de los resultados de su fiscalización; pero esa fiscalización, como se verá en este libro, tuvo varias limitaciones.

(3) Fallecida en noviembre de 2015.

(4) Nunca ni después Chile ha crecido a esas tasas. En el año en que se publica este libro Chile crece al 1% anual.

(5) Según un informe de la OECD de 2012 que revisa las tasas impositivas durante el periodo 1992-2002, los países miembros de la OECD recolectaron un promedio de 30% del PIB. En Chile esa cifra nunca pasó del 20%. El único país con tasas de impuesto más bajas fue México.

(6) En esta investigación también aparecen empresas pertenecientes a un grupo menor, vinculado al Banco Español y que era liderado por Pablo Plá Pres. Plá vendió zombis a Penta S.A. y a Johnson and Son.

(7) Estimación hecha usando “Calculadora IPC”, aplicación del Instituto Nacional de Estadísticas. Todas las actualizaciones de precios que se hacen en este libro usaron esta misma aplicación.

(8) Se trata de un balance hecho en 2007 por el SII al que accedieron los autores.

(9) El monto equivale a un 1,5% del PIB de 2007, más o menos la mitad del gasto del presupuesto de Salud de ese año. Sin embargo, el impacto de esta estrategia no está solo en la menor recaudación del Estado, sino en la gran cantidad de dinero que podría haber ido a parar a unos pocos bolsillos. Esto muestra la incidencia que las operaciones tributarias tienen en la concentración de la riqueza y la desigualdad.

(10) El mensaje presidencial fue enviado a la Cámara de Diputados el 29 de agosto de 2000. La ley se publicó en menos de un año: el 19 de junio de 2001.

(11) En esos momentos José Said era uno de los cuatro chilenos que aparecían en el ranking de Forbes de las mayores fortunas. En la propiedad de Andina también figuraba The Coca Cola Company.

Compartir esta página: